miércoles, 25 de noviembre de 2009

Manifiesto del XI Congreso Católicos y Vida Pública

MADRID, lunes, 23 de noviembre de 2009 (ZENIT.org).- Publicamos el "Manifiesto" que emitió el 22 de noviembre el XI Congreso Católicos y Vida Pública organizado por la Fundación Universitaria San Pablo CEU, obra de la Asociación Católica de Propagandistas, que en esta edición llevaba por tema "La política, al servicio del bien común".

La razón de ser de la política está en el bien común. Por eso resulta radicalmente pervertida cuando se pone al servicio de intereses particulares, personales o partidarios, con daño del interés general, como ponen de manifiesto los graves y frecuentes casos de corrupción en la actividad política, o en ámbitos vinculados con ésta. Pero esta corrupción, que tanto escandaliza a la sociedad, pone a la vez de relieve la pasividad política y la anemia moral de esta misma sociedad.
Servir al bien común es crear y asegurar las condiciones de la vida social que hagan posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Exigencias y elementos esenciales del bien común son ante todo el respeto y promoción de los derechos y libertades fundamentales de la persona, el bienestar social, subordinado al bien de cada persona. Sin el respeto a los derechos y libertades fundamentales, no es posible un verdadero orden democrático en el que ninguna voz quede excluida del debate público. La libertad hemos de conquistarla y defenderla cada día, hemos ejercerla cada día.
En estos momentos, aun en Estados que se dicen democráticos, y de manera muy clara en España, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la ideológica, la educativa son objeto de preocupantes restricciones, cuando no de grave vulneración, por la ofensiva laicista que intenta imponer como ética pública una particular opción que se quiere hacer pasar por común, simplemente por el hecho de que aparece desvinculada de toda referencia religiosa. Defender la libertad religiosa contra los frecuentes ataques a los que se ve hoy sometida, desde los más burdos y ofensivos hasta los más encubiertos, no es desatar ninguna guerra de religión sino sencillamente proteger una fundamental libertad constitucional, sin respeto a la cual la democracia no subsiste.
Una política al servicio del bien común ha de asegurar el derecho fundamental, primero y primario, de toda persona humana, a la vida desde el instante mismo de su concepción, en el que ya ha de reconocérsele su dignidad ontológica de persona, hasta la muerte natural. Esto exige desarrollar una política eficaz de protección integral a la maternidad, mediante un sistema coherente de ayudas que permita a toda mujer, por desfavorables que sean sus circunstancias, acoger y educar a sus hijos. Una política al servicio del bien común es la que defiende y protege a la familia, constituida sobre el matrimonio verdadero que une a un hombre y a una mujer. Para la vida y la familia constituye hoy una amenaza especialmente grave --frente a la que lanzamos una apremiante alerta-- la difusión de la llamada ideología de género que ha conseguido en España imponer un conjunto de leyes absolutamente incompatibles con el respeto a la vida humana, con la dignidad de la mujer, con una recta concepción del matrimonio y de la institución familiar.
Bajo la luz y el impulso de la encíclica
Caritas in veritate, subrayamos la dimensión moral de toda la actividad económica, la necesidad ineludible de que el mercado atienda a las exigencias éticas que lo ordenen al bien común, la necesidad de una nueva economía cuya dinámica esté marcada por la solidaridad y la subsidiariedad.
No basta denunciar la corrupción política, en todas sus vertientes, incluida la culpable pavorosa incapacidad de no pocos para la gestión de la cosa pública; no basta esa denuncia, ni aun podremos hacerla con autoridad, si no asumimos todos la grave responsabilidad moral que a cada uno nos corresponde de hacer que toda la actividad política esté orientada a la consecución del bien común.
Y ésta es la hora en que resulta imperiosamente necesaria la presencia de los católicos en el ámbito de la Política en su más estricto sentido, entendida como actividad específica, orgánica e institucionalmente consistente en la ordenación del todo social a la consecución del bien común, mediante los diversos modos de ejercicio del Poder. La actividad política estricta ha de vivirse como una auténtica vocación y un compromiso moral. Las exigencias de orden moral a las que debe atenerse el político católico no son distintas de las que debe atender el no católico, si bien la fe le proporciona al creyente especial luz para percibirlas con toda claridad y la gracia, especial fuerza para cumplirlas. Más aún: en la perspectiva de la fe, la actividad política constituye un lugar de santificación y medio privilegiado para lograrla, en cuanto la política es lugar e instrumento para la realización estructural de la caridad, la caridad política, mediante decisiones y actuaciones que permiten crear "estructuras de gracia" que hagan más seguro y pleno el logro del bien común. La presencia de católicos en la Política será verdaderamente eficaz y relevante cuando ellos y la comunidad a la que pertenecen estén poseídos por la convicción de la fuerza política del amor. Con ella serán capaces de ofrecer no una mera alternancia política, mera variante de lo mismo, sino una verdadera alternativa cultural, axiológica, moral.
En la presente situación: -proclamamos la necesidad de la actuación urgente de todos y cada uno para regenerar moral y democráticamente la vida y las instituciones políticas.
Por último, reiteramos nuestra disposición al diálogo y a la colaboración con cuantos, desde sus diversas opciones religiosas e ideológicas, están comprometidos en la lucha contra la corrupción política y en la realización del bien común; con cuantos reconocen en la persona el "principio, sujeto y fin de todas las instituciones"; con cuantos afirman la dignidad de la persona en todos los momentos de su existencia, desde la concepción, hasta la muerte natural y los derechos fundamentales radicados en esa dignidad; con cuantos, desde este respeto incondicionado a la persona, apuestan por la justicia y la libertad en una sociedad auténticamente democrática.

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